Ante circunstancias excepcionales, el art. 116.2 de la Constitución, desarrollado por la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio, prevé la posibilidad de declarar el Estado de Alarma, el Estado de Excepción y el Estado de Sitio, en razón a la gravedad de la situación a la que es preciso hacer frente. Mientras que el Estado de Sitio para su declaración precisa la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, el Estado de Excepción puede ser declarado por el Gobierno previa autorización del Congreso, y el Estado de Alarma tan solo requiere su declaración por parte del Gobierno mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, con una duración que 15 días; si bien cabe su prórroga con la autorización del Congreso de los Diputados.
Nunca en España había sido necesario la utilización de tales medidas, quizás porque nunca se plantearon situaciones excepcionales que las requiriesen. Pero lo ocurrido el pasado viernes, en un momento crítico como era el puente de la Constitución, adquirió tales niveles de gravedad ante los términos en los que por sorpresa los controladores aéreos pretendieron echar un pulso al gobierno, tomando como rehenes a cientos de miles de ciudadanos inocentes, que era preciso actuar con la máxima energía. Primero se les conminó a que depusiesen su actitud, posteriormente se les militarizó, y a la vista que no atendían a razones no hubo más remedio que declarar el estado de alarma. Dejar correr las horas sin tomar medidas, hubiese sido un síntoma de falta de autoridad de nuestros gobernantes, y las consecuencias económicas se hubiesen convertido en catastróficas.
El gobierno decidió adoptar la medida excepcional más benévola de las posibles, que no conlleva la suspensión de derechos constitucionales, y tan solo afecta a un grupo muy concreto y limitado de trabajadores, que pasan a depender durante 15 días del Ministerio de Defensa, quedando sometidos a la Jurisdicción Militar, la misma de la que depende nuestro ejército profesional.
Cuando ya se ha restablecido con la máxima celeridad la situación, surgen voces criticando que se hubiese tomado por un gobierno socialista una medida tan excepcional, de la que no existen precedentes en nuestra joven democracia. Alguna vez tenía que ser la primera vez, y la paralización del tráfico aéreo en todo el territorio nacional obligaba a tomar todas las medidas legales previstas para normalizar la situación.
La censura realizada por IU sin solución alternativa es pura demagogia irresponsable. ¿Qué hubiesen hecho los críticos en una situación como la surgida?.
Por cierto Zapatero, para aquellos que no lo sepan, estaba donde tenía que estar, al frente del gabinete de crisis y presidiendo el Consejo de Ministros. Y tuvo en todo momento informado a Don Mariano, “descansando” en Lanzarote.
El boicot de los controladores aéreos al pueblo español puede tener unos costes millonarios. No sólo han paralizado gran parte de la actividad económica del país, sobre todo en el turismo, en uno de los puentes más importantes del año; sino que han quebrado la imagen exterior de España. Basta leer los principales diarios del mundo para comprobar que es así. Y, sobre todo, cuando España está pasando por una grave situación económica y necesita más que nunca trasladar confianza al exterior y a los mercados.
Desde la tramitación del proyecto de ley que convalidaba las medidas que modificaban las condiciones laborales de los controladores aéreos, el Partido Popular viene dando un apoyo claro a este colectivo, en su posición de que ‘cuanto peor, mejor’. No lo han ocultado y se han erigido en el Parlamento, y en especial en el Senado, en sus portavoces. El senador Ignacio Burgos del PP no esconde su posición. Lo ha hecho en comisión y en pleno. El pasado día 3 de noviembre comía con la dirección del USCA; entre ellos, con su portavoz, César Cabo, en el comedor del Senado.
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